MANIFIESTO, UN COMPROMISO ÉTICO INAPLAZABLE: LA LEY DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Manifiesto

Un compromiso ético inaplazable: La ley de la Memoria Democrática

IMPULSAN ESTE MANIFIESTO…

Pere Portabella,
Cineasta. Barcelona.

Rosa Regás,
Directora de la Biblioteca Nacional. Madrid

José A. Martín Pallín,
Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Madrid.

Borja de Riquer,
Catedrático de Historia de la UAB. Barcelona

Carlos Jiménez Villarejo,
Jurista. Barcelona.

Almudena Grandes,
Escritora. Madrid

Mercedes García Aran,
Catedrática Derecho Penal de la UAB. Barcelona.

Luis García Montero,
Poeta. Madrid

Mirta Núñez Díaz-Balart,
Profesora de Historia de la UCM. Madrid.

Ángel González,
Poeta. Madrid

Francisco Espinosa Maestre,
Historiador, Sevilla.

José Manuel Caballero Bonald,
Escritor. Jerez de la Frontera

Arcángel Bedmar González,
Historiador. Lucena (Córdoba)

Jordi Borja,
Urbanista. Barcelona

LLuis Bielsa,
Amical de Catalunya de antiguos guerrilleros españoles en Francia.

Enric Pubill,
Asociación catalana de expresos políticos.

Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales de Catalunya.
Barcelona.

Manuel Miralles Sangro, Luis Otero Fernández y Fernando Reinlein García,
Foro Milicia y Democracia (FMD). Madrid

Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE).
Madrid.

José María Castillo Sánchez, Máximo García Ruiz, Julio Lois Fernández y Juan José Tamayo-Acosta
Junta Directiva de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Madrid

Manuel Perona Medina,
Presidente de la Associació per la Recuperación de la Memoria Histórica a Catalunya. Barcelona.

José Antonio Moreno,
Presidente del Foro por la Memoria. Madrid

Pedro Peinado,
La Gavilla Verde.

Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española

Esglesia Evangélica de Catalunya
Barcelona.

Carme Molinero,
Catedrática de Historia de la UAB. Barcelona

Gervasio Puerta,
Presidente de la Asociación de Expresos de Madrid

Conxita Mir,
Catedrática de Historia. Universitat de LLeida

Gemma Calvet Barot,
Abogada

Antonio Doñate Marín,
Magistrado jubilado

Nuria Vives Ferrer.
Profesora de Filosofía. Barcelona

Pere Ysás,
Catedrático de Historia de la UAB. Barcelona

Han transcurrido casi cinco años desde que el Congreso de Diputados condenó el golpe militar que, en 1936, determinó la guerra civil y la posterior implantación de la Dictadura.

Han pasado tres años desde que el Congreso instó al Gobierno a constituir la Comisión interministerial sobre las víctimas de aquella guerra y de la represión franquista.

También han pasado tres años desde que el Gobierno decidió estudiar “la situación de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo y hasta la restauración de las libertades democráticas”.

Ha transcurrido otro año desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de lo que ya no se denomina, como antes lo había hecho, “para la recuperación de la memoria histórica”.

El Proyecto, manifiestamente insuficiente, continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura.

Nuestro Estado social y democrático de Derecho, la sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas “que padecieron la represión de la dictadura franquista” ya no pueden esperar más.

El Gobierno y los Grupos parlamentarios deben saber que si durante los próximos meses el Proyecto, profundamente reformado, no se aprueba, no habrán querido, como dice el Preámbulo, ”cerrar heridas todavía abiertas entre los españoles”.

La aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes “habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático” fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida.

El Gobierno y las fuerzas políticas saben que no serán reparados y rehabilitados hasta que no se adopten las “medidas legales” anunciadas en 2004. Mientras tanto, no podrán ser considerados ciudadanos de pleno derecho.

Por todo ello, reclamamos del Gobierno y de todos los Grupos parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley siempre que se ajuste a las siguientes mínimas exigencias:

  1. Coincidiendo con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, la condena formal de la dictadura franquista, como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizado por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos.

  2. Declarar pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo –Consejos de Guerra y Tribunales especiales– y su actuación, por motivos ideológicos o políticos, estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias.

  3. La declaración anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales, debe fundamentar que el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado, conforme al ordenamiento vigente, impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo los recursos pertinentes para obtener la declaración de nulidad de pleno derecho de dichas sentencias.

  4. Que el Gobierno y las Administraciones Públicas asuman activamente como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, especialmente la localización de los represaliados desaparecidos, la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y la desaparición de simbología franquista de las vías y edificios públicos.

Ya no caben más dilaciones. Sólo el cumplimiento de estas mínimas exigencias será el signo de que el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria tienen una auténtica voluntad de responder a los compromisos contraídos y reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla.

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