Rafel
Montaner | Valencia | Miércoles 03 de septiembre de 2008 |
El Grupo por la Recuperación de la Memoria pedirá a Garzón
que también reclame datos de fosas comunes a los alcaldes de
Valencia, Paterna y Serra
Los colectivos de recuperación de la memoria histórica de Valencia
se felicitaron ayer por la decisión del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los
desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El
magistrado, que ha dado 15 días de plazo a las 13 asociaciones
de familiares de desaparecidos que han presentado denuncias en
su juzgado para que le faciliten una relación de los
desaparecidos y ubicación posible de las fosas comunes en la que
fueron enterrados, también reclama información a los alcaldes de
Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid sobre las víctimas del
franquismo sepultadas en las fosas de sus cementerios
municipales.
Una de las 13 entidades que han solicitado a
la Audiencia Nacional que investigue el paradero de miles de
desaparecidos del bando republicano es el Fòrum per la Memòria
del País Valencià. La presidenta de esta asociación, Amparo
Salvador, explicó ayer que ya ha entregado a Garzón “todos los
datos de la investigación en la que hemos identificado a casi
25.000 personas enterradas en las fosas del Cementerio General
de Valencia”.
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Salvador se refiere al estudio que el Fòrum
ha realizado sobre los Libros de Enterramientos de la necrópolis
del Cap i Casal y que publicaron en mayo bajo el título El
genocidio franquista en Valencia. Las fosas silenciadas del
cementerio. La portavoz del Fòrum señala que Garzón “hace tiempo
que tiene este libro, por lo tanto no tenemos que aportar nada
en estos 15 días” y tampoco considera necesario que se reclame
información sobre las fosas comunes de Valencia a la alcaldesa
Rita Barberá, “porqué el juez ya tiene toda la información de
Valencia”.
Sin embargo, el coordinador del Grupo por la
Recuperación de la Memoria de la Fundació Societat y Progrés,
Matías Alonso, destacó que la investigación sobre los
desaparecidos del franquismo en Valencia no se puede limitar al
estudio del Fòrum, que se ciñe al período que va desde la
entrada de las tropas franquistas, en marzo de 1939, hasta 1945.
Ampliación del auto judicial
En este sentido, Alonso anunció ayer que su
grupo, junto a la plataforma Iniciativa civil per la Memòria, va
a personarse en esta causa para solicitar a Garzón que “amplíe
su auto y reclame también información sobre las fosas comunes a
los alcaldes de Valencia, Paterna y Serra”. Resalta que en la
fosa común del cementerio civil de Valencia está enterrado
Teófilo Alcorisa que, tras ser arrestado en abril de 1947 por la
Guardia Civil por ser el padre de un maquis, desapareció cuando
estaba detenido en el cuartel de Arrancapins. Su hijo, Pedro
Alcorisa, que ahora tiene 88 años, no supo hasta hace dos el
lugar exacto en el que está enterrado. La asociación La Gavilla
Verde, que fue la que localizó el enterramiento de Teófilo,
también cree que en dicha fosa yace otro enlace de la guerrilla,
Joaquín Alcorisa, torturado en Arrancapins un mes después.
El Grupo por la Memoria también pide que se
amplie la investigación a Serra -en cuyo cementerio hay una fosa
común con presos republicanos ejecutados en el antiguo sanatorio
de Portaceli en 1939-, y también a Paterna, donde aún no se han
localizado todas las fosas donde fueron enterrados los 2.238
fusilados junto a la tapia del camposanto paternense entre 1939
y 1956, según datos del historiador Vicent Gabarda.
Este historiador, el principal investigador
de los crímenes de la dictadura en la C. Valenciana, restó ayer
credibilidad al estudio del Fòrum: “Es falsa y no tiene
justificación la afirmación de que todos los enterrados en las
fosas comunes del cementerio de Valencia son víctimas de la
represión franquista”. Opina que la investigación emprendida por
Garzón “la tendría que haber puesto en marcha el Gobierno, pues
todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus
familiares y eso es responsabilidad de la Administración”.
Gabarda, cuyos 12 años de investigación sobre
la represión franquista arrojan un total de 6.087 muertes en la
Comunitat Valenciana, cree que el auto de Garzón “es más
llamativo que efectivo, pues muchos de los datos que ahora
reclama están en libros publicados por historiadores”.
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