El Grupo por la Recuperación de la Memoria pedirá a Garzón que también reclame datos de fosas comunes a los alcaldes de Valencia, Paterna y Serra

Los colectivos de recuperación de la memoria histórica de Valencia se felicitaron ayer por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El magistrado, que ha dado 15 días de plazo a las 13 asociaciones de familiares de desaparecidos que han presentado denuncias en su juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las fosas comunes en la que fueron enterrados, también reclama información a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid sobre las víctimas del franquismo sepultadas en las fosas de sus cementerios municipales. Una de las 13 entidades que han solicitado a la Audiencia Nacional que investigue el paradero de miles de desaparecidos del bando republicano es el Fòrum per la Memòria del País Valencià. La presidenta de esta asociación, Amparo Salvador, explicó ayer que ya ha entregado a Garzón “todos los datos de la investigación en la que hemos identificado a casi 25.000 personas enterradas en las fosas del Cementerio General de Valencia”.

Sin embargo, el coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria de la Fundació Societat y Progrés, Matías Alonso, destacó que la investigación sobre los desaparecidos del franquismo en Valencia no se puede limitar al estudio del Fòrum, que se ciñe al período que va desde la entrada de las tropas franquistas, en marzo de 1939, hasta 1945.

Ampliación del auto judicial

En este sentido, Alonso anunció ayer que su grupo, junto a la plataforma Iniciativa civil per la Memòria, va a personarse en esta causa para solicitar a Garzón que “amplíe su auto y reclame también información sobre las fosas comunes a los alcaldes de Valencia, Paterna y Serra”. Resalta que en la fosa común del cementerio civil de Valencia está enterrado Teófilo Alcorisa que, tras ser arrestado en abril de 1947 por la Guardia Civil por ser el padre de un maquis, desapareció cuando estaba detenido en el cuartel de Arrancapins. Su hijo, Pedro Alcorisa, que ahora tiene 88 años, no supo hasta hace dos el lugar exacto en el que está enterrado. La asociación La Gavilla Verde, que fue la que localizó el enterramiento de Teófilo, también cree que en dicha fosa yace otro enlace de la guerrilla, Joaquín Alcorisa, torturado en Arrancapins un mes después.

El Grupo por la Memoria también pide que se amplie la investigación a Serra -en cuyo cementerio hay una fosa común con presos republicanos ejecutados en el antiguo sanatorio de Portaceli en 1939-, y también a Paterna, donde aún no se han localizado todas las fosas donde fueron enterrados los 2.238 fusilados junto a la tapia del camposanto paternense entre 1939 y 1956, según datos del historiador Vicent Gabarda.

Este historiador, el principal investigador de los crímenes de la dictadura en la C. Valenciana, restó ayer credibilidad al estudio del Fòrum: “Es falsa y no tiene justificación la afirmación de que todos los enterrados en las fosas comunes del cementerio de Valencia son víctimas de la represión franquista”. Opina que la investigación emprendida por Garzón “la tendría que haber puesto en marcha el Gobierno, pues todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares y eso es responsabilidad de la Administración”.

Gabarda, cuyos 12 años de investigación sobre la represión franquista arrojan un total de 6.087 muertes en la Comunitat Valenciana, cree que el auto de Garzón “es más llamativo que efectivo, pues muchos de los datos que ahora reclama están en libros publicados por historiadores”.

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