DESAPARECIDOS | RECURSOS 

Obligación de investigar
Montserrat Sans

(Ponencia presentada por Montserrat Sans a las I Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya)

Cuando en el ano 2000 las Cortes Españolas decidieron aprobar el Estatuto de la Corte Penal Internacional a raíz de la tormenta propiciada por el caso Pinochet, dejaron muy claramente establecido que dicha instancia no podría examinar casos de violaciones a los derechos humanos con efecto retroactivo. Una condición que suelen usar los Estados que tienen techo de vidrio.

España es un caso mas de esta geometría variable: muchos discursos y muchas organizaciones denuncian con constancia y seriedad las violaciones masivas y sistemáticas cometidas en los países del tercer mundo pero no tienen mandato o no quieren mirar los déficits internos del sistema judicial español o sea de su propia democracia.

Hace pocos anos, estando todavía en America Latina, cuando pregunte a varias ONG españolas famosas que experiencia tenían en la lucha contra la impunidad en su propio país, y en particular en la brusquedad de los millares de Españoles desaparecidos en los anos de post-guerra civil, la respuesta fue siempre un silencio casi culpable o una argumentación insostenible: nosotros no tocamos estos temas solo vemos las desapariciones en America Latina y en África.

¿Es que la defensa de los derechos humanos es mas fácil glorificante cuando se hace afuera que en casa propia?.

Esta opinión es la que tenemos que revertir. No podemos estar convencidos de nuestra misión de propagar por el mundo -pobre- la buena palabra mientras aquí en casa no sabemos que fue del cuerpo de nuestro abuelo, de la tía que nos cuentan desapareció un día tras ser arrestada por la Guardia Civil y nunca mas volvió, de este vecino que jamás pudo conseguir empleo ni subsidios porque en sus antecedentes penales figuraba "delincuente guerrillero". Es hora de despojarnos de nuestro manto de paternalismo que nos impulsa a cerrar los ojos cuando miramos nuestra propia historia.

La impunidad puede saltar de generación en generaciones. Pero es tiempo de darse un lujo histórico indispensable para consolidar un proyecto de democracia sólida, imposible cuando se arrastra la culpa de no haber hecho nuestras tareas con nuestra propia memoria.

Solo mirando de donde venimos y donde están muertos muertos, que son los muertos de todos podremos remediar a este déficit democrático que opaca nuestras sociedades y las lleva a reproducir los errores del pasado.

La desaparición de los seres humanos se considerada en derecho internacional un crimen contra la Humanidad porque además de implicar un crimen continuo, impide este acto básico común a todas las culturas humanas, que es dar digna sepultara a sus muertos. Por la gravedad que significa, por la serie de delitos que acarrea hacer desaparecer a una persona, estos crímenes son imprescriptibles. Esto no es un lujo de la legislación internacional, sino que la constatación básica que las sociedades humanas no podemos vivir y construir negando nuestro pasado.

En España tenemos miles de duelos suspendidos, miles de cuerpos de abuelos, tíos, que esperan en alguna fosa común nuestra decisión de ir a levantarlos, pediremos justicia por ellos, y volver a inhumarles dignamente junto a los suyos. Mientras no tomemos en nuestras manos esta tarea, nuestra vida y nuestras democracia serán habitadas por fantasmas.

El propio código penal español considera un delito la inhumación clandestina. Esta se vuelve una violación de los derechos humanos cuando el acto de hacer desaparecer un cuerpo ha sido realizado por un agente del Estado. Policía, militar, o cualquier civil operando a cuenta de alguna institución.

Es una obligación del juez investigar y ordenar la exhumación de este cuerpo para conocer las circunstancia de su muerte y los responsables. No es prescriptible y frente a cualquier denuncia seria, el Poder Judicial tiene obligación de investigar los hechos. Ni siquiera las leyes de amnistía pueden invocarse para denegar el inicio de una investigación judicial que debe cumplir con este requisito mínimo de decir a la sociedad que paso.

Frente a una denuncia de que en determinado lugar, existe una fosa común, el juez de esta jurisdicción tienen competencia (y obligación por la propia Ley de Enjuiciamiento criminal) de tomar todas las disposiciones en su poder para realizar las primeras diligencias, las que implican en estos casos exhumar el cadáver.

Esta primera fase, básica, es la que debe ser exigida sistemáticamente de la autoridades judiciales. Reclamar los cuerpos, no tiene plazo, no tiene fin. Así nos lo han demostrado con incansable esfuerzo, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las asociaciones de desaparecidos en Chile, los Kurdos o las madres Palestinas.

Sin este primero impulso, no podremos poner en jaque la legalidad (ilegalidad) de las amnistías decretadas por los propios gobiernos transgresores de los valores mas básicos de la vida humana. No seremos capaces de seriamente dar lecciones de democracia por el mundo, quedaremos rezagados en la asignatura de pasar a ser una generación en paz con sus muertos.