2. LA ELIMINACIÓN DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

LA ELIMINACIÓN DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Los sublevados fueron inmediatos y tajantes en la supresión de dichas libertades, incompatibles con su planteamiento totalitario. El derecho a la libertad de expresión y de información fue uno de los elementos definitorios de la Constitución de 1931, conquista histórica como derecho de la persona y como expresión del pluralismo ideológico y político. Afirmaba que “toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones”, excluía expresamente la “previa censura” y atribuía solo a los Jueces la competencia para “recoger” o “suspender” los periódicos.

La formalización jurídica de la supresión absoluta de ese derecho tiene lugar por la Ley de 22 de abril de 1938 aprobadas por el General Franco y Serrano Suñer como Ministro del Interior. El preámbulo de la misma es un compendio o síntesis de la concepción del “Estado Nacional” como “instrumento totalitario” a que se refería el Fuero del Trabajo de ese mismo año. Después de variadas consideraciones sobre el “libertinaje de los periódicos” o el “libertinaje democrático”, plantea “despertar en la Prensa la idea de servicio al Estado… constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación española recobrada a sus destinos”. Para ese fin,“no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado”,atribuyéndole unas funciones, de evidente corte fascista, como “las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las ordenes y directrices del Estado y de su Gobierno”. Mas claridad no cabía.

En consecuencia, el articulo primero dispone que “Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica”. Desde este presupuesto, se establece “la censura” y la intervención del Estado en la “designación del personal directivo” que se confía al Ministro del Interior y al Servicio Nacional de Prensa y, subsidiariamente, al Gobernador Civil. En el ejercicio de esta competencia, el Ministro podrá “remover” al director de un diario cuando “estime que su permanencia al frente del periódico es nociva para la conveniencia del Estado” (articulo décimo tercero).

Este marco directamente intervencionista es complementado con un sistema sancionatorio excepcional, ajeno por supuesto a todo control judicial, que somete a la prensa a un régimen de sumisión absoluta. La infracción, gubernativamente sancionable, consiste en que mediante cualquier escrito “directa o indirectamente (se) tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles” (articulo décimo octavo). Además, también eran objeto de sanción “las faltas de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servicios competentes en materia de Prensa”.

Ante este cúmulo de infracciones imprecisas e indeterminadas, valoradas según los criterios fascistas de Serrano Suñer y sus acólitos, las sanciones eran la multa, de cuantía indeterminada, la destitución del director, acompañada o no de su cancelación en el Registro de Periodistas y, finalmente, la “incautación del periódico” (articulo vigésimo). Las competencias sancionatorias correspondían al Ministro a excepción de la incautación que imponía el “Jefe del Gobierno, en Decreto motivado e inapelable”.

Régimen de excepción que, prácticamente ,se mantuvo hasta el final de la dictadura.