LAS JURISDICCIONES REPRESIVAS

La función decisiva de la jurisdicción militar en la represión resulta con toda evidencia de las disposiciones que tienen su origen en el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 de la Junta de Defensa Nacional que “hace extensivo a todo el territorio Nacional” el estado de guerra ya declarado en otras provincias. Tanto esta jurisdicción como los Tribunales especiales ejecutan con toda precisión y frialdad una política de exterminio de los republicanos y de los demócratas, combinando la eliminación física, mediante las ejecuciones de las penas de muerte, el encarcelamiento masivo y la discriminación de los vencidos en todos los ámbitos.

La jurisdicción militar

La acentuación, la exasperación de la represión a través de la jurisdicción militar fue revalidada por el Decreto número 79 de la Junta de Defensa Nacional, de 31 de agosto de 1936, con la siguiente justificación: “Se hace necesario en los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma en las actuaciones judiciales castrenses sean la rapidez…”. Y, para ello, establece en el Art. 1º: “Todas las causas de que conozcan la jurisdicciones de Guerra y Marina se instruirán por los trámites de juicio sumarísimo que se establecen en el título diecinueve, tratado tercero, del Código de Justicia Militar, y título diecisiete de la Ley de enjuiciamiento militar de la Marina de Guerra”. No será preciso para ello que “el reo sea sorprendido «in fraganti» ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua”.

La estructuración de la jurisdicción militar para dichos fines, tanto orgánica como procesalmente, tiene lugar mediante un Decreto del general Franco, el Nº 55, de 1 de noviembre de 1936, que, por tanto, deja sin efecto las disposiciones vigentes en el Código de Justicia Militar e implanta el procedimiento “sumarísimo de urgencia” en vigor hasta la Ley de 12 de julio de 1940, que restableció el sumarísimo ordinario con escasísimas diferencias entre ellos. El Decreto se dicta, según el preámbulo, ante la previsión de la ocupación de Madrid para garantizar “la rapidez y ejemplaridad tan indispensable en la justicia castrense”. En dicho Decreto se establece la composición de los Consejos de Guerra, que admite la participación de “funcionarios de la carrera judicial o fiscal”, “el cargo de defensor será desempeñado en todo caso por un militar” y la competencia de los Consejos de Guerra abarcará a “los delitos incluidos en el Bando que al efecto se publique por el General en Jefe del Ejército de Ocupación”. Asimismo se dictan normas procesales como las siguientes, que representan la reforma y supresión de las ya escasas garantías contempladas en el C.J.M. para los procedimientos sumarísimos:

«A) “Presentada la denuncia o atestado se ratificarán ante el instructor los comparecientes ampliando los términos en que esté concebida aquella si fuere necesario. B) Identificados los testigos y atendido el resultado de las actuaciones, con más la naturaleza del hecho enjuiciado, el Juez dictará auto-resumen de las mismas comprensivo del Procedimiento, pasándolas inmediatamente al tribunal, el cual designará día y hora para la celebración de la vista. En el intervalo de tiempo que media entre la acordada para la vista y la hora señalada se expondrán los autos al fiscal y defensor a fin de que tomen las notas necesarias para sus respectivos informes. C) Si se estimara conveniente por el Tribunal la comparecencia de los testigos de cargo, se devolverán los autos al Juez que los transmite, quien, oído el defensor, aceptará o no los de descargo. D) Pronunciada sentencia se pasarán las actuaciones al Auditor del Ejército de Ocupación a los fines de aprobación o disentimiento».

Es una descripción sumaria del significado y función de la Jurisdicción Militar que se completa con la Circular del Alto Tribunal de Justicia Militar, de 21 de noviembre de 1936, dada en Valladolid, según la cual “Se entenderá limitada la posible interposición de recursos a aquellos procedimientos que no tengan carácter de sumarísimos”.

Finalmente, por Decreto Nº 191, también del General Franco, de 26 de enero de 1937, dado en Salamanca, “Se hace extensiva a todas aquellas plazas liberadas o que se liberen la jurisdicción y procedimientos establecidos en el Decreto nº cincuenta y cinco”.

Así se generaliza e impone un jurisdicción militar que infringe todas y cada una de las reglas orgánicas y procesales entonces vigentes. Los Consejos de Guerra así constituidos, máxime por el procedimiento sumarísimo, en modo alguno podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura.

Dichos Decretos y su modelo represor estuvieron vigentes hasta que fueron derogados por la Ley de Seguridad del Estado de 12 de Julio de 1940. Esta Ley afirmaba que “…se impone la fórmula tradicional en nuestro Ejército de que el ejercicio de la Jurisdicción esté unido al mando militar”. Además, se restablece “en todo su vigor –el C.J.M– con la redacción que tenía antes del 14.4.1931”. Y establecía que todos los “delitos derivados del Movimiento Nacional”, aunque no fuesen flagrantes y la pena establecida fuera la de muerte o de reclusión perpetua, se tramitasen por el procedimiento sumarísimo, reiterando que el defensor siempre será un militar con categoría de oficial. Describiendo de forma claramente ilustrativa del carácter de esa llamada “jurisdicción” quién disponía de la iniciativa procesal: “Los Capitanes Generales y Autoridades Militares con jurisdicción propia, podrán, si la escasez de personal lo aconseja, constituir los Consejos de Guerra que deban fallar los procedimientos en tramitación por delitos cometidos contra el Movimiento Nacional…”.

El mantenimiento de la jurisdicción militar, como máxima expresión de la represión, se mantuvo hasta 1975. Así lo acreditan múltiples disposiciones, entre las que cabe señalar las siguientes:

• La Ley de Seguridad del Estado de 29 de Marzo de 1941 que, además de reformar el Código Penal común, tipifica nuevos delitos y, en particular, los comprendidos en “Los delitos contra la Seguridad exterior e interior del Estado y contra el Gobierno de la Nación”. Ley que mantiene la pena de muerte como pena única para diversos delitos y que, desde luego, establece en la Disposición Transitoria “que todos los delitos comprendidos en esta Ley serán juzgados por la jurisdicción militar con arreglo a sus propios procedimientos”.

• La Ley de 2 de Marzo de 1943, que además de proclamar en su Preámbulo que los “Organismos Armados de la Nación” son la garantía del “orden publico” y del “prestigio del Estado”, reforma el delito de rebelión, ampliando su alcance, en el sentido de equiparar al mismo “las transgresiones del orden jurídico que tengan una manifiesta repercusión en la vida publica…”.

• El Decreto-Ley de 18 de Abril de 1947 de represión del Bandidaje y el Terrorismo que continua estableciendo la pena de muerte como única para varios delitos y que en el art. 9 dispone que “la jurisdicción militar será la competente para conocer de los delitos castigados en esta Ley que serán juzgados por el procedimiento sumarísimo”.

• Así resulta también de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Orden Publico,45/59, de 30 de Julio de 1959, según la cual la “jurisdicción militar seguirá entendiendo de los delitos que afectando al orden publico le estén atribuidos por leyes especiales…”.

• Y en especial, el Decreto de 21 de Septiembre de 1960 que unificaba y mantenía la vigencia de las normas anteriores, incluso las inmediatas al fin de la guerra civil, “por considerar necesaria su continuidad para reprimir eficazmente actuaciones subversivas o reveladoras de peligrosidad”. Para concluir con las Leyes 42/71 y 44/71, ambas del 15 de noviembre de 1971, de reforma del C.J.M.

Los procesos ante los Consejos de Guerra, especialmente los sumarísimos, según los Art. 649 a 662 del C.J.M, vigente el 18 de julio de 1936, eran radicalmente nulos por varias causas. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos, ya desde el Decreto 55 del general Franco, por el Poder Ejecutivo, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de que dependían y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas por esos Tribunales en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos – si es que así pudieran calificarse – en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Son numerosos los procedimientos en los que el Comandante Militar de la Plaza ordena al Juez Militar que eleve a “Procedimiento sumarísimo” el procedimiento ordinario que estuviera tramitando. Asimismo, las sentencias que dictaban carecían de todo valor en cuanto habían de ser supervisadas y aprobadas por el Auditor de guerra, condición para que adquirieran firmeza y prueba indiscutible de la estructura jerarquizada del tribunal. La sumisión a las más altas instancias del Poder Ejecutivo quedaba de manifiesto cuando la ejecución de la pena de muerte exigía del “enterado” del Jefe de Estado.

Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarísimos, también en menor grado en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. La instrucción del procedimiento era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El Juez Militar instructor, practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de investigación y vigilancia y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. El instructor acuerda una diligencia de procesamiento en la que relata los hechos y su calificación penal y, finalmente, emite un dictamen que, conforme al Art. 532 del C.J.M., resumía los hechos, las pruebas y las imputaciones y que elevaba a la Autoridad militar superior que solía ser el General jefe de la División correspondiente. Resumen que prácticamente es el documento que va a fundamentar la acusación y la sentencia ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducían en el plenario con una manifiesta infracción del principio de inmediación en la práctica de la prueba y la correspondiente indefensión de los acusados.

La Autoridad militar indicada era la que resolvía elevar a plenario el procedimiento con la fórmula “Autoriza su vista y fallo en Consejo de Guerra de plaza” dando traslado al fiscal militar para formular acusación. Y es a partir de la acusación y sólo desde entonces cuando los acusados podrán nombrar defensor de entre una lista que le facilita la Autoridad Militar. Y, “por un término que nunca excederá de tres horas” (plazo establecido entonces en el Art. 658 del C.J.M.) los autos se ponen de manifiesto al defensor para que en ese plazo estudie la causa, obtenga nuevas pruebas, formule escrito de defensa y prepare el informe. Es la suprema expresión de la indefensión absoluta cuando, además, las penas que se solicitaban, con muchísima frecuencia, eran las de reclusión perpetua o muerte. Ya hemos dicho que ante la sentencia dictada en este procedimiento no cabían recursos y que sólo ganaban firmeza, (conforme al Art. 662 del C.J.M.) “con la aprobación de la Autoridad Judicial del Ejercito o Distrito, de acuerdo con su Auditor”.

Por otra parte, en la composición de los Consejos de Guerra, en múltiples ocasiones, se cometieron manifiestas infracciones formales que los invalidaban como tribunales de justicia, como, por ejemplo, que el Vocal Ponente careciera de los requisitos legales exigibles. Así ocurrió en varios miles de procedimientos que determinaron numerosas condenas a muerte y posteriores ejecuciones. Consejos de Guerra que, según expresó el Fiscal General del Estado en el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por uno de aquellos tribunales (la condena de Julián Grimau), ”carecía de potestad jurisdiccional para enjuiciar a persona alguna”.

La integración de la magistratura en los Consejos queda claramente de manifiesto en el Decreto nº 70, de 8 de noviembre de 1936, que firma el General Franco en el que se otorga a los “Jueces inspectores y Fiscales”, de la jurisdicción ordinaria, el rango, según fuesen aspirantes o titulares, de “Alféreces Provisionales del Cuerpo Jurídico Militar” o “Capitanes honoríficos de Complemento del Cuerpo Jurídico Militar”, funcionarios que cobraban a través de “las Pagadurías Militares Divisionarias”.

Los Tribunales especiales

Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo y los Tribunales de Responsabilidades Políticas. La opción por la anulación de las Resoluciones y Sentencias sancionatorias dictadas por los mismos, en el debate sobre el Proyecto de Ley sobre la Memoria Histórica, parte de la consideración del carácter radicalmente ilegítimo de dichos tribunales tanto por su origen, como por su composición y, sobre todo, por constituirse organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y, por tanto, con facultades para la imposición de sanciones penales.

La Ley de 1 de Marzo de 1940, creadora del primero de aquellos tribunales, es la máxima expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política. En primer lugar, crea figuras delictivas tan indeterminadas como “pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas...” que se oponen a todos los principios inspiradores de un derecho penal basado en el respeto a la persona humana, como los principios de tipicidad y legalidad. En el preámbulo de la misma se hace constar, como expresión de la ideología dominante que la Ley tiene como finalidad hacer frente a “la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética”. Y para ello exige a cuantos hayan pertenecido a la masonería o al comunismo presentar, en un breve plazo, una “declaración retractación que contenga especialmente cualquiera de las circunstancias estimadas como agravantes o atenuantes”. En cualquier caso, la Ley no contiene prácticamente ninguna norma procesal y, desde luego, el trámite previsto no contempla ninguna clase de garantías para los acusados. Sencillamente, el Artículo duodécimo, se limita a establecer que el “Tribunal podrá comisionar la instrucción de expedientes y sumarios a los Jueces de la Jurisdicción Ordinaria y a los del Ejército, Marina y Aire. Y, previa celebración de juicio, con audiencia de un fiscal y del interesado, dictará sentencia”. El procedimiento era completamente inquisitivo, sin asistencia letrada y el juicio se celebraba a puerta cerrada. Contra dicha sentencia “podrá interponerse recurso en término de 10 días, ante el Consejo de Ministros, por quebrantamiento de forma, error de hecho o injusticia notoria”, asumiendo así el Gobierno las funciones propias del Tribunal Supremo. Como es norma de toda la legislación represiva en ese momento.

En la citada Ley, la conducta delictiva principal se define como “toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social…”. Se consideran masones “…todos los que han ingresado en la masonería…” y “se consideran comunistas los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares”. Se regulan ciertas circunstancias agravantes que permitirá elevar la pena a reclusión mayor. La Ley establece penas gravísimas de reclusión menor y mayor para las conductas que describe, además de las penas de separación o inhabilitación perpetua para ciertos cargos públicos o privados, confinamiento y expulsión. Para la persecución y castigo de los autores de dichos delitos constituye un Tribunal Especial que designa y controla el Jefe del Estado y el Gobierno. El Jefe del Estado nombra al Presidente y a sus miembros, que debían ser “un General del Ejercito”, ”un Jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” y dos letrados. Es la más rotunda negación del Estado de Derecho. Es más, es el propio Consejo de Ministros el que se constituye en órgano jurisdiccional penal en la medida en la que la apreciación de “excusas absolutorias” de los apartados b) y c) del Artículo décimo –consistentes en “haberse sumado a la preparación o realización del Movimiento Nacional con riesgo grave y perfectamente comprobado” y “haber prestado servicios a la Patria que, por salirse de lo normal, merezcan dicho título de excusa”- corresponde a él, es decir, apreciar y valorar si los sometidos a dichos procedimientos son merecedores o no de las sanciones penales previstas en la Ley. Es el Poder Ejecutivo constituido en Poder Judicial con unas amplias competencias penales y procesales. El procedimiento se limita “comisionar” a tribunales militares y ordinarios para lo que se denomina “instrucción de expedientes y sumarios” cuyo contenido no se precisa.

La ley establece la simultaneidad y complementariedad de los delitos y sanciones establecidos en la misma con las sanciones económicas establecidas en la Ley de 9 de febrero de 1939 de responsabilidades políticas. El Artículo octavo así lo dispone : “sin perjuicio de la persecución de otros delitos que hubieran cometido las personas comprendidas en el artículo anterior –las que hubiesen presentado la declaración retractación por haber pertenecido a la masonería o al comunismo-, quedarán separadas definitivamente de cualquier cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales Entidades subvencionadas y empresa concesionarias, gerencias y consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza, mando o dirección de las mismas, decretándose, además, su inhabilitación perpetúa para los referidos empleos y su confinamiento o expulsión”. Añadiendo que, además, serán sometidos a la citada Ley de 1939. Es una expresión mas de la política de exclusión y discriminación a que fueron sometidos los vencidos.

La Ley se complementa con la Orden de 20 de marzo de 1940 sobre el procedimiento de la declaración retractación, procedimiento que pese a estar bajo un trámite aparentemente “judicial”, se somete a la supervisión de los Gobernadores Civiles.

El Tribunal se constituyó el 2 de junio de 1940 bajo la Presidencia de Marcelino Ulibarri y Eguilaz. Cualesquiera que fueran las vicisitudes de este Tribunal, su Subsecretario, Luís Carrero Blanco, el 1 de julio de1941 dictó una Circular a los Instructores de los expedientes de depuración para que remitiesen testimonio “con carácter de urgencia” al Tribunal Especial de los cargos que en ellos aparezcan “relacionados con actividades masónicas o comunistas”.

Finalmente, el General Franco, por Decreto de 18 de septiembre 1942 [B.O.E. 270) dispuso para intensificar la actuación del Tribunal la creación de un “Juzgado de Comunismo”, si bien los estudiosos de la actividad de este Tribunal entienden que este Juzgado no desplegó gran actividad ya que bastaba para la represión del comunismo con la Jurisdicción militar.

Los rasgos de este Tribunal quedaron perfectamente perfilados en la Observaciones de su Presidente de 17 de diciembre de 1940: “Habrá que huir de la excesiva preocupación legalista que llenará el procedimiento de requisitos formales, plazos, trámites, escritos, vistas y recursos… No vaya a incurrirse en el pueril error de trasladar al procedimiento que para esa ley se establezca, los preceptos legales de nuestra Ley de enjuiciamiento Criminal ni aún siquiera los preceptos que la inspiran, tan distintos de los que exige la represión de la masonería…y nada de exigir la intervención de letrado, ni de consentir debates orales, ni de vistas públicas”.

De similar naturaleza son los Tribunales establecidos por la Ley de 9 de Febrero de 1939, de responsabilidades políticas. El preámbulo es, como tantas veces, expresión de la superación y rechazo de los parámetros de un derecho sancionatorio democrático. Por ello, afirma que “los propósitos de esta ley y su desarrollo le da un carácter que supera los conceptos estrictos de una disposición penal encajada dentro de unos moldes que ya han caducado”. Lejos pues de cualquier principio de proporcionalidad y justicia, la Ley establece “sanciones” y “medidas de seguridad” como la inhabilitación, “el alejamiento del hogar” y la “pérdida de nacionalidad”. “Los Tribunales…estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS que darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional”. Los procedimientos, continua el preámbulo, “se regulan con normas sencillas” y, finalmente, se proclama que la Ley ha de ser “uno de los más firmes cimientos de la reconstrucción de España”. ”Es bien conocido que el régimen desarrolló una amplia y exhaustiva legislación sobre responsabilidades políticas que le sirvió para marginar a la mayor parte de los vencidos en la guerra e, incluso, en muchos casos, para privarles de su puesto de trabajo. No es extraño que un régimen que basa buena parte de su legitimidad en la victoria en una guerra civil despliegue una legislación discriminatoria de los vencidos”.

Estos Tribunales fueron también de naturaleza administrativa en cuanto el Tribunal Nacional depende “de la Vicepresidencia del Gobierno” y los miembros de los Tribunales Regionales, presididos por “un Jefe del Ejército”, eran nombrados por el Ministerio que correspondiese. Los “jueces instructores” eran, naturalmente, militares. Resulta necesario describir cual es el fundamento de las responsabilidades que se exigieron al amparo de esta Ley: “contribuir a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo victima a España desde el primero de Octubre de mil novecientos treinta y cuatro…” y, desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, haberse opuesto “al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. A partir de estas conductas, mas especificadas en el art. 4º, esos tribunales, integrados por responsables políticos de la dictadura, por falangistas y por militares, con la colaboración de la magistratura, estaban facultados para imponer sanciones de orden penal como las penas -en la Ley se denominan “sanciones”- de inhabilitación absoluta y especial, extrañamiento, relegación a las posesiones africanas, confinamiento, destierro y perdida total o parcial de bienes, y pérdida de la nacionalidad española, sanción ésta que se atribuye al “Gobierno”, a propuesta del Tribunal, constituyéndose así en Tribunal Penal. Es decir, medidas gravemente privativas y restrictivas de derechos. Las sanciones podían tener una extensión según su mayor o menor gravedad de seis meses y un día a seis años.

La enumeración de las causas de responsabilidad es exhaustiva llegando a constituir dieciséis supuestos que consisten en actos, expresos o tácitos, de lealtad a la República o de oposición a la sublevación militar. El “cimiento” que así se construye tiene, como corresponde a un Estado fascista que menosprecia los principios liberales de un derecho sancionatorio, su base más fundamental en la negación del principio “non bis in ídem” reconociéndose como una causa de responsabilidad política “haber sido condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, o por los de traición en virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional”.

Otro de los elementos que definen dicha ley, ese “cimiento” del nuevo Estado, es el mantenimiento de la responsabilidad política más allá del fallecimiento del presunto culpable tal como se establece en los arts. 15, 46.II, y 50. Los textos no dejan lugar a dudas, “las sanciones económicas se harán efectivas, aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, y serán transmisibles a los herederos que no hayan repudiado la herencia o no la hayan aceptado a beneficio de inventario”. “Ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable detendrá la tramitación y fallo del expediente”, menospreciando ese principio básico sancionador por el que la sanción personal se extingue con la muerte. Y, en tercer lugar, es de destacar el carácter retroactivo del fallo condenatorio establecido en el Art. 72, dado que “lo efectos” del mismo “se retrotraerán al día dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis”, estableciéndose un régimen de nulidad “iuris et de iure” o “iuris tantum” de los actos y contratos que se enumeran.

También es significativa la composición de los tribunales en sus diferentes niveles.

El Tribunal Nacional se integra “por un Presidente, dos Generales o asimilados del Ejército o de la Armada, dos Consejeros Nacionales de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que sean abogados, y dos Magistrados de categoría no inferior a Magistrados de la Audiencia Territorial”. Todos eran “de libre nombramiento del Gobierno”. Los Tribunales Regionales “se constituirán con un Jefe del Ejército, que actuará de Presidente; un funcionario de la Carrera Judicial de categoría no inferior a Juez de ascenso y un militante de Falange Española Tradicionalista y de las JONS que sea abogado”. Los tres serán nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, los Jefes del Ejército; del de Justicia, los Funcionarios Judiciales, y del Secretariado de Falange Española Tradicionalista y de las JONS los militantes de dicha organización.

Entre las competencias del Tribunal Nacional se encuentra, como expresión de la peculiar interpretación del principio de la independencia que debiera presidir la actuación de cualquier tribunal sancionador, que pueda “dirigir e inspeccionar la actuación de dichos tribunales (regionales)… dictando las disposiciones que estime oportunas con el fin de procurar que en las resoluciones exista unidad de criterio”. Entre las competencias de los Tribunales Regionales se encontraba, entre otras, la de dictar sentencia en los expedientes, admitiéndose el recurso del condenado ante el Tribunal Nacional. Los Juzgados Instructores provinciales, eran “Oficiales de Complemento u Honoríficos del Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada o profesionales de cualquier Arma o Cuerpo del Ejército que posean el título de abogado”, “jueces” que eran nombrados, a propuesta del Ministerio de Defensa por la Vicepresidencia del Gobierno. Por último, es de resaltar el singular papel jugado en este procedimiento por los Juzgados civiles especiales constituidos por un Juez de Primera Instancia o Magistrado de la Carrera Judicial nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, Jueces civiles especiales que tenían atribuidas competencias esenciales en relación a las sanciones económicas, a los embargos y medidas precautorias y a la venta de los bienes que les ordenaba ejecutar un órgano político cual era la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas.

En cuanto al procedimiento, la iniciativa correspondía en primer lugar a la jurisdicción militar mediante los testimonios de las sentencias dictadas por ella, a la decisión de cualquiera autoridad civil o militar, agentes de policía y Comandantes de la Guardia Civil y a la denuncia escrita y firmada de cualquier persona natural o jurídica. En cuanto a la instrucción del procedimiento, en la que estaba completamente ausente el derecho de defensa y las reglas más básicas de la contradicción, consistía sustancialmente en practicar como diligencias la citación del inculpado para comunicarle los cargos que se le imputasen, otorgándosele un breve plazo para aportar la prueba que interesase a su defensa y la solicitud de informes por el Juez Instructor “al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco, Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquél tenga su vecindad o su último domicilio acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936”.

Los efectos represivos de esta ley fueron de una enorme magnitud para la aniquilación profesional y económica de los vencidos. Basta consultar una obra, ya fundamental sobre la materia, en la que se estiman como expedientes “incoados y pendientes” tramitados por los Tribunales regionales hasta septiembre de 1941 en 229.549..

La dictadura mantuvo la plena aplicación de dicha ley hasta la de 19 febrero de 1942 en la que introdujo leves correcciones. Por una parte, para mitigar la aplicación de la misma supuestos más limitados, lo que era compatible con continuar calificando peyorativamente como “delincuentes” a quienes eran sometidos a la misma, tal como se expresa en el artículo segundo de dicha ley. Y, en segundo lugar, renunciaba a la composición castrense y falangista de los Tribunales Regionales que eran sustituidos, a los propios fines de la ley, por las Audiencias de la Jurisdicción Ordinaria y los Jueces Instructores Provinciales y Civiles Especiales eran igualmente reemplazados por los Jueces de Primera Instancia e Instrucción. Así, la Magistratura era ya plenamente partícipe de la represión política. Al igual que el Ministerio Fiscal, que se incorpora al procedimiento atribuyéndole la iniciativa para la incoación de “expediente de responsabilidad política” según se desprende de diversos preceptos de la ley. Pero esa apariencia de normalización, es exactamente eso, una apariencia, ya que se mantiene un procedimiento fundado en la indefensión que ahora aplican taxativamente jueces y fiscales al servicio de los objetivos represivos del Régimen. Una expresión característica del mantenimiento del espíritu que inspiró de la ley en 1939 es el artículo octavo de la nueva Ley de 1942. En el mismo se admite que, en ciertos supuestos “el Gobernador Civil podrá acordar la inhabilitación del inculpado para cargos municipales o provinciales por un tiempo que no exceda de cinco años”, es decir, se otorga a una autoridad gubernativa directamente y sin que medie procedimiento alguno la facultad de imponer una sanción penal. Todo ello con la conformidad de los jueces y fiscales que participan en esa apariencia de jurisdicción. La jurisdicción ordinaria no solo asume pasivamente esa función sino que, contra cualquier asomo de independencia, admite que el Tribunal Nacional, compuesto aún por militares y falangistas pueda “dictar a los Presidentes de las Audiencias las instrucciones y normas generales ya sustantivas, ya de procedimiento que estime pertinentes para el mejor desempeño de su misión en esta materia” (Art. 15). Solo mucho más adelante, ya a mediados de 1943, las dos Salas del Tribunal Nacional estarán compuestas exclusivamente por funcionarios judiciales. El análisis de esta jurisdicción lo resume de forma excelente el autor ya citado M. Álvaro: “A falta de otras fuentes de legitimación, el régimen franquista cifró su supervivencia, en buena medida, en el mantenimiento de unos aparatos represivos y un discurso ideológico que a lo largo de sus cuatro décadas de existencia pudieron cambiar en lo formal, pero poco en lo sustancial: la Cruz y la espada, conjunción sagrada que encarnaba la misión histórica de proteger a la Nación de la anti-España”.