La ilegalización de partidos y sindicatos

Una de las primeras medidas derivadas del Bando de Guerra de 17 de julio y, sobre todo, del de 28 de julio de 1936 fue la inmediata supresión del sistema democrático representativo y del pluralismo político expresado por los partidos políticos.

Así lo dispuso el Decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936, firmado por el General Cabanellas como Presidente de la Junta de Defensa Nacional. La medida provisionalmente adoptada en esa fecha fué definitivamente establecida en los arts. 2 y 9 de la Ley de 9 de febrero de 1939 en la que, además de declarar “fuera de la Ley” todos los partidos y agrupaciones que “han integrado el llamado Frente Popular” decide, en los términos que más adelante veremos, las causas de responsabilidades políticas, las sanciones y los tribunales y procedimientos a través de los cuales se liquiden “las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar las subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional”.

Los partidos y agrupaciones declarados ilegales fueron los siguientes: “Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional de Trabajo, UGT, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, FAI, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasco, Solidaridad de Obreros Vascos, Ezquerra Catalana, Partido Galleguista, POUM, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, PSUC, Unión de Rabassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá, todas las Logias Masónicas y cualesquiera otras Entidades, Agrupaciones, o Partidos, Filiales o de análoga situación a los expresados…”. Así quedaba sin valor alguno el Art. 39 de la Constitución que reconocía el derecho de asociación política y de sindicación y carentes de legitimidad las Cortes Republicanas, como elemento central del sistema constitucional, en las zonas ocupadas.