Régimen de garantías personales

Evidentemente, desde el inicio del golpe militar, quedaron suspendidas de facto todas las garantías procesales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, particularmente el plazo de detención policial que ya era de setenta y dos horas. En su lugar, se impuso un régimen arbitrario e indefinido de detenciones policiales que era una parte sustancial de la política de terror y que favorecía y amparaba la práctica generalizada de la tortura, práctica esencial en la ejecución de la política represiva, siempre impune hasta el final de la dictadura ^{Testimonios, entre otros, de conocimiento ineludible sobre la tortura franquista: NUÑEZ, M., La Revolución y el Deseo. Barcelona, Península, 2002, pág.95–115; VINYES, R., El daño y la memoria. Las prisiones de Maria Salvo. Barcelona, Plaza & Janés, 2004.}. Debe recordarse que el delito de tortura se introdujo en el C. Penal por la Ley 3/1978, de 17 de Julio. En este punto, ya concluida la contienda militar, es ineludible la cita de la Orden de 9 de enero de 1940 (B.O.E. 11) que regula en los siguientes términos “el régimen de detenciones y prisiones”, disposición de mínimo rango legal pese a afectar a un valor esencial cual era la libertad personal. El presupuesto de la norma es hacer frente a “la magnitud de la criminal revolución roja” y dictar normas que evitando “la impunidad del culpable”, “no produzcan daños ni ocasionen molestias superiores a las indispensables para restablecer el equilibrio jurídico”. En consecuencia, esta norma confirma la continuidad del estado de guerra y expresa desde esa fecha hasta 1975 el mantenimiento de un Estado policial que violó de forma sistemática todos los derechos humanos. Era la pura expresión de la dictadura que de forma grosera expuso el 19 de julio de 1936 el Coronel de Caballería Marcelino Gavilán Almuzara cuando tomó posesión del Gobierno Civil de Burgos: “Había que echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, Humanitarismos, Filantropía y demás tópicos masónicos” ^{REIG TAPIA, A., Ideología e historia…, op.cit., pág. 152.}.

Cuando ya ha transcurrido mas de un año del fin de la contienda militar, se mantienen disposiciones de excepción en materia de detenciones. Afectan tanto a los detenidos en los “procedimientos sumarísimos de urgencia, tramitados con arreglo al Decreto de 1º de noviembre de 1936” como a los “detenidos gubernativos”. En ambos casos, se establece un plazo ordinario de treinta días de detención militar o policial. En el caso de los “gubernativos” (Art. 4º) se autoriza una extensión de dicho plazo hasta tres meses “por ratificaciones sucesivas” que deben ser “aprobadas por la Dirección General de Seguridad”. Constituye una previsión legal inaudita por si misma y por las consecuencias que generaba entonces, dado que basta imaginarse lo que podía representar estar detenido en esas condiciones, sin comunicación con el exterior y, desde luego, sin asistencia letrada. Cómo hemos dicho, era el soporte legal de la tortura.

Ante el notorio incremento de la población reclusa por los presos políticos se dispone la creación de Comisiones Provinciales de Clasificación de reclusos. Dicho incremento ya se había reconocido por el Decreto de 9 de noviembre de 1939, sobre facultades de los Gobernadores Civiles sobre las prisiones, incremento que se derivaba del “nobilísimo afán que anima al nuevo Estado de liquidar jurídicamente las responsabilidades contraídas por cuantos participaron en la monstruosa rebelión marxista”. Cada Comisión fue integrada por “un Jefe del Ejercito”, que la presidía, “un funcionario de las Judicial o Fiscal” y “un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar”, nombrados por las Autoridades militares y judiciales correspondientes. La función de las Comisiones era tomar conocimiento de la situación jurídica de los reclusos, que incluía aquellos de “los que se desconozca la causa de su detención y Autoridad que la ordenó” –supuesto que acredita la arbitrariedad con que se practicaban las detenciones–, y decidir, en cada caso, su libertad o ponerlo en conocimiento de la Autoridad correspondiente. Es una disposición que muestra el verdadero rostro cruel de la dictadura, con la activa colaboración de la magistratura.

Acabamos de describir someramente la ruptura y destrucción del Estado republicano. Simultáneamente, se procedía a una rigurosa política de exterminio como se desprende de los siguientes datos indicativos y parciales. Los presos políticos, según el Director General de Prisiones del Gobierno, el 7 de Enero de 1940 eran 270.719 y el 10 de abril de 1943 todavía eran 92.477. Según cifras facilitadas en 1945 por el Ministro de Justicia, Eduardo Aunós, los presos políticos fallecidos en las cárceles, entre los que incluía los ejecutados tras un proceso y los muertos por enfermedades y hambre, desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944, fueron 192.684 ^{GUTIERREZ CARBONELL, M., Proceso y expediente contra Miguel Hernandez. Valencia, Compás, 1992, pág. 10 (Datos extraidos de la obra de BARBERO, M., Política y Derecho Penal en España. Madrid, Tucar, 1977).}.