La destrucción del orden republicano

Todo lo que se ha expuesto hasta aquí permite extraer, entre otras, dos principales conclusiones. La primera, que un planeamiento tan minucioso de la destrucción de la República solo era posible llevarlo a cabo desde un proyecto tan antiguo como firme. Es una cuestión ya decidida por los especialistas. Basta ahora una cita para ilustrar lo que decimos. Según las palabras del General Mola en la Base Quinta de la Instrucción Reservada 1,de abril de 1936, la acción había de ser “en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas” ^{MOGA ROMERO, V., Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil en Melilla. Barcelona, Alboran Bellaterra, 2004, pág. 115.}. La segunda, fue que el empleo del derecho para la subversión del orden constitucional condujo a su completa desnaturalización. El Derecho siempre ha cumplido una doble función, la de garantía frente al poder, para asegurar la protección de los ciudadanos, y la de control del poder para evitar o limitar sus abusos. Pues bien, el anterior análisis desvela, en toda su brutalidad, cómo el derecho, al servicio del fascismo, queda totalmente desvirtuado y se constituye en un instrumento de cobertura del poder absoluto y de desprotección de los ciudadanos. Por eso, fue un orden, hasta el final, radicalmente ilegítimo que no podía adquirir ninguna clase de legitimidad.

Ilegitimidad que se mantuvo pese a los vanos intentos de los rebeldes de trasladar a la República, desde los inicios del golpe, una supuesta ilegitimidad justificadora del golpe militar. Cómo así lo intentaron en la Orden del Ministerio del Interior de 21 de Diciembre de 1938, por la que se crea una Comisión de veintidós miembros, constituida mayoritariamente por juristas fieles a las motivaciones y objetivos de los sublevados, con el encargo de “demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la Republica española en 18 de Julio de 1936” mediante la emisión del correspondiente informe. Ahí están nombres como Federico Bellón Gómez –Magistrado del Tribunal Supremo–, Federico Castejon –Catedrático de Derecho Penal–, Antonio Goicoechea y Coscuyuela –Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas–, Álvaro de Figueroa y Torres, José Mª Trias de Bes, Wenceslao Rodríguez Oliveros, José Gascon y Marin, Eduardo Aunós Pérez, etc. Todos dispuestos a “demostrar al mundo”, según la exposición de motivos, que ante el sacrificio en la “España roja (de) más de cuatrocientos mil hermanos nuestros”,dato de evidente y notoria falsedad, “los órganos y personas que en 18 de Julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio de los mismos que, al alzarse contra ellos el Ejercito y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley”. La finalidad de tal Comisión y de su informe era acabar con la calificación de la España Nacional como “facciosa,rebelde y antijurídica”.

Pero todo sus intentos fracasaron porque nunca pudieron justificar la realidad desnuda del fascismo que implantaron y de su política permanente de exterminio y de aniquilación de lo que llamaban la “escoria” de España.