Incautaciones de bienes

De conformidad con lo acordado en el Art. 2 del citado Decreto nº 108, sobre ilegalización de partidos y sindicatos, se acordó “la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos u organizaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado”. En desarrollo de dicha disposición se dictaron otras complementarias como Decreto Ley de 10 de enero de1937 y en la Orden de la misma fecha, así como posteriormente, en la Ley de Responsabilidades Políticas, en ejecución de las sanciones económicas previstas en la misma. Estas medidas tenían como finalidad despojar a dichas organizaciones de cualquier bien o derecho, inhabilitándolas absolutamente para el ejercicio de cualquier actividad, al tiempo que obtener recursos económicos para el ejército sublevado. En el citado D.L. se crea la Comisión Central Administradora de bienes incautados por el Estado y las Comisiones Provinciales presididas por el Gobernador civil, un Magistrado y un Abogado del Estado, todos nombrados por el Presidente de la Junta Técnica del Estado, es decir, la máxima instancia ejecutiva de los rebeldes. En dicha Orden se establecen los Organismos con competencias para proceder a la incautación de dichos bienes y el procedimiento, en el que participan tanto el Ejército de ocupación como la Magistratura. En primer lugar, se establece el deber de los “Bancos y cajas de ahorros”, “Delegados de Hacienda” y “Registradores de la Propiedad” de colaborar con la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado para suministrar la información de que dispusieren sobre valores y bienes muebles o inmuebles de las entidades declaradas ilegales.

Asimismo, se establece un procedimiento o “expediente” sobre “declaración de responsabilidad civil” que instruirá un “Juez Instructor”, militar o civil que “recibirá declaración al presunto culpable” y practicará diligencias. Concluido el expediente elevará un “resumen” a la Comisión Provincial de Incautación que finalmente la remitirá “al General de la División, Comandante General o General en Jefe del Ejército de África respectivo”, a quienes correspondía declarar la responsabilidad y fijar la cuantía de la misma. La Resolución militar era ejecutada a los efectos de las medidas cautelares o embargos por el Presidente de la Audiencia del territorio tal como se precisa en el apartado g) de la Norma Tercera de dicha Orden. En este procedimiento, de vital importancia en la política represiva de ese momento, es notorio como se mantiene no solo la primacía del poder militar sino la plena integración de la Magistratura en la consecución de los objetivos que representaban la supresión legal y fáctica del Estado de derecho. El régimen establecido por estas disposiciones quedó derogado por las Disposiciones transitorias de la Ley de Responsabilidades políticas.

Las disposiciones anteriores fueron complementadas por la Ley de 23 de septiembre de 1939 sobre “bienes de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas”,“bienes y efectos” que tras la disolución de los mismos, por su “acción antiespañola”, “pasarán a ser propiedad de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., cuya Delegación Nacional de Administración los afectará a los gastos de la Delegación Nacional de Sindicatos”. La aplicación de esta Ley fue regulada por el Decreto de 14 de diciembre de 1940 del General Franco que, de forma manifiestamente ilegal, amplió la anterior disposición a “las Organizaciones sindicales marxistas, anarquistas o separatistas, y a las Agrupaciones de carácter obrerista vinculadas o apoyadas en las citadas Organizaciones”, constituyendo al efecto lo que se llamó “Comisión Calificadora de Bienes sindicales marxistas” integrada por representantes de diversos Ministerios y de la Delegación de Sindicatos a los efectos de inventariar, clasificar, expedir certificados y dictar las correspondientes órdenes de inscripción en los Registros de la Propiedad.