La reorganización de la Administración de Justicia

Los golpistas, en su asalto al Estado democrático de la República, tuvieron como uno de sus objetivos básicos el final de la división de poderes como elemento definitorio del mismo. Ya hemos señalado y, como veremos más adelante, la destrucción de ese principio adquirió toda su fuerza con la constitución por los rebeldes de los Consejos de Guerra desde 1936 y desde 1939 y 1940 por los Tribunales Especiales de Represión Política.

Así se apreciaba desde el inicio de la sublevación, en las disposiciones dictadas por la Junta de Defensa Nacional. En el Decreto núm. 91 de 2 de septiembre de 1936, de dicha Junta, se plantea la destitución de Jueces y Fiscales municipales por su “actuación negligente, contraria al Movimiento Nacional o poco patriótica”. La conducta de aquellos Jueces, dice el Decreto, aconseja dictar medidas que “permitan coordinar en estos momentos la misión de la Junta Nacional con la de los Tribunales de Justicia”. El Decreto citado ya expresaba lo que fué el planteamiento de Blas Pérez González, Fiscal del Tribunal Supremo, en las Memorias de 1940 y 1941 ^{LANERO TÁBOAS, M., Una milicia de…, op.cit., pág. 94–98. La autora, comentando dichas Memorias y reproduciendo el análisis del Fiscal entiende, según su perspectiva que «El interés del Estado está por encima del prejuicio liberal de la separación de poderes».}. No podía haber una norma más expresiva. Días después, el Decreto núm. 108, de 13 de septiembre de 1936, determina que “los funcionarios públicos” “podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”. A partir de ese momento la política judicial de los rebeldes se concentra en asegurar el efectivo funcionamiento de los Consejos de guerra a los que incorpora a jueces, magistrados y fiscales ordinarios.

Los Juzgados y Tribunales ordinarios quedan reducidos a cumplir una función marginal y residual, concentrada en la delincuencia común, y cuando se les necesitó para integrarlos en la jurisdicción castrense o en los Tribunales especiales la mayoría de la magistratura, salvo honrosas excepciones, prestó su asentimiento y colaboraron sin mayores resistencias. Pero, eso sí, a medida que se prolonga la Guerra Civil, el General Franco, en las zonas ocupadas, emprende la reorganización de una Administración de Justicia a la medida de los intereses que representaba el Movimiento Nacional. Así lo hace mediante el Decreto nº 120 de 19 de septiembre de 1936, por el que se otorgan a las Audiencias en las zonas ocupadas,“sitas en zonas afectas al movimiento nacional” una función sustitutoria de la propia del Tribunal Supremo en la instrucción de causas criminales contra aforados, “cargos de elevada categoría o representación”. El incipiente sistema judicial franquista no encuentra obstáculo alguno en prescindir de una instancia esencial de la Administración de Justicia como es el Tribunal Supremo en una materia tan relevante.

Mas adelante, se aprueba la Ley de 27 de agosto de1938 que reorganiza provisionalmente el Tribunal Supremo, ley en la que se acordaba que “quedan separados de sus cargos todos los presidentes, magistrados y funcionarios del Ministerio Fiscal que integraban aquel Organismo”, a los que somete al correspondiente expediente de depuración. Establece un sistema de nombramiento “por el Gobierno” de los nuevos magistrados y fiscales que no tengan “nota desfavorable en su expediente personal” y excluye de su designación a aquellos funcionarios “que en virtud de expediente de depuración con motivo del Movimiento Nacional hayan sido objeto de sanción cualquiera que sea la naturaleza de ésta”. Cuando se constituye el Tribunal Supremo en la zona rebelde, el Presidente, Felipe Clemente de Diego, afirma que “estarán arma al brazo para cumplir con su deber” y el 1 de abril de 1939, cuando se constituye dicho Tribunal, envía al General Franco el siguiente telegrama: “Al comenzar funcionamiento este Tribunal ruégole haga llegar a V.E. inquebrantable adhesión todo su personal dispuesto sin omisión sacrificio a encauzar la justicia que necesita la renaciente España y patrocina su Caudillo” ^{LANERO TÁBOAS, M., Una milicia de…, op.cit., pág. 182.}.

Respecto de la justicia municipal, la Ley de 8 de mayo de 1939 exige para el nombramiento de jueces y fiscales que quede acreditada su “moralidad, aptitud y adhesión al Movimiento Nacional”. La norma citada es complementada con la Orden de 14 de junio de 1939 que concreta, por si todavía resultaba necesario, que “la renovación extraordinaria de cargos en la justicia municipal…”, se hace “con la mirada puesta en el interés de la Nación y en la eficacia de los fines del Movimiento”. Para ello, el Art.1º, dispone que los Jueces de Primera Instancia cuando formulen la propuesta de quienes han de ocupar aquellos cargos hagan constar en cada caso su “bien probada adhesión sincera al Glorioso Movimiento Nacional”, descartándose aquéllos sobre quienes “recaiga la presunción de que puedan serles exigibles responsabilidades políticas”. Criterio que también deberían tener presente los Organismos proponentes como las Salas de Gobierno, los Decanos de los Colegios de Abogados y de los Notarios.

Es en este marco de subordinación al Movimiento Nacional en el que comienzan a funcionar los Tribunales Ordinarios bajo el control de las autoridades rebeldes y, por tanto, lejos de cualquier asomo de independencia. El grado de dependencia se reflejaba en todos los órdenes jurisdiccionales hasta alcanzar materias, aparentemente inocuas, como en el orden civil la prevista en la Ley de 5 de noviembre de 1940, sobre “contratación en zona roja”. En dicha Ley se establecía el procedimiento para la anulabilidad de los “contratos celebrados en lugar sometido a la dominación roja con posterioridad al 18.7.36, al amparo de disposiciones emanadas de su ilegítimo poder y contrarios al régimen jurídico subsistente en dicha fecha”, así como otros contratos en que concurrieran determinadas circunstancias. Para tal fin, además de la competencia en primera Instancia de los respectivos jueces civiles, se creó un “Tribunal Especial radicante en Madrid” compuesto por tres Magistrados para conocer de los Recursos de Apelación contra las sentencias de los Jueces, Tribunal “cuyo fallo pondrá fin al pleito”.